Daños colaterales
Opinión
Juan José Donaire
Daños colaterales
El pasado 25 de Marzo del corriente se publica en el BOPB, el anuncio del procedimiento para la concesión de la gestión y explotación del servicio de estacionamiento de vehículos con limitación horaria en la vía pública de la zona playa de Castelldefels. El trámite se realiza por el procedimiento de urgencia y abierto, aunque parece ser que lo de abierto es pura fantasía pues para acreditar el perfil solicitado de la empresa concesionaria tan solo hay un plazo de ocho días naturales. Lo curioso del caso es que existen empresas con dicho perfil y capaces de acreditarse en tan corto plazo, pero comenten errores tales como confundir el sobre donde deben pujar por la concesión con otro donde debe consignarse la documentación exigida, que raro para ser empresas de una cierta estructura organizativa. Pero no obstante, lo más llamativo es que determinada empresa aumenta en un 60% su puja el canon sobre lo exigido en las bases y un 30% más el canon variable por ingresos brutos anuales por la administración municipal. Desconozco los parámetros que usan para realizan los cálculos de explotación, pero se supone que lo tienen muy claro. Esto es aparentemente un beneficio sustancial para el consistorio y por tanto aparentemente también positivo, pero no cabe duda que la percepción que tiene el ciudadano de a pie, despierto ya por tantas y tantas irregularidades en el ámbito de lo público, es que algo puede quedar oculto. Los procedimientos legales de concesiones de servicios externalizados, o ¿deberíamos decir privatizados?, no sé, solo son eso legales, administrativamente correctos, pero ¿son transparentes?, ¿acreditan una gestión efectiva basada en el bien colectivo del municipio?. En fin, ahí queda la duda y quedará porque la realidad actual del concepto de transparencia en nuestro país desafortunadamente dista mucho de los modelos de los países de nuestro entorno.
No será un servidor quien niegue que la implantación de zonas azules y verdes en determinados puntos de una ciudad favorecen la movilidad de vehículos sobretodo en las zonas céntricas. Forma parte de lo cotidiano y es aceptado por la ciudadanía. Otra cosa es la implantación de dichas medidas en lugares eminentemente de ocio como son en este caso el disfrute de nuestras esplendidas playas y la posibilidad de acceso a la exquisita oferta gastronómica de los numerosos restaurantes instalados a lo largo de la zona costera. Aquí la opinión estuvo dividida, no hay un pronunciamiento claro a favor de la medida por parte del público en general, sí en cambio por gran parte del sector de la restauración. Lo más probable es que unos y otros tengan razón.
Pero no todo está previsto, el argumento que da título a este artículo, no solo se refiere a la posibilidad del enmascaramiento de objetivos recaudatorios eminentemente empresariales o de la aceptación o no por parte de la ciudadanía. Los daños colaterales se refieren también al desplazamiento de los visitantes huyendo de las zonas de pago hacia terceras o cuartas líneas de mar invadiendo con ello zonas hasta ahora no afectadas por el fenómeno estival de masificación de visitantes. Puede significar el traslado del problema de una zona a otra en vez de la solución del mismo. Lógicamente estas zonas no dispondrán de los servicios de vigilancia que las de pago y es probable que se generen situaciones verdaderamente incomodas para aquellos que prudentemente eligieron lugares algo más alejados de las playas para fijar su residencia y que ahora se verán afectados por aquello de lo que se protegieron en su día. Otro capítulo será el incremento de inseguridad que probablemente se producirá en dichas zonas, el tiempo nos dará o quitará la razón. Ya existen zonas desprotegidas ideales para oteadores de víctimas por robo en domicilios que trataré en nuevos artículos.
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