¿“Okupación” o allanamiento?
Opinión
Juan José Donaire
Ciudadano de Castelldefels
¿“Okupación” o allanamiento?
Con la llegada de la primavera y los primeros calores que anuncian una nueva temporada estival, vemos despuntar una floración que nos llena de alegría y renueva el ánimo. Pero de un tiempo a esta parte en nuestro municipio, y en algunos otros, aparece un nuevo fenómeno no deseado ni deseable. Me refiero a la aparición año tras año de ciertos vehículos “autocaravanas” o similares, estacionados en distintos lugares pero especialmente en la zona playa. Lo que aparentemente podría pensarse es que se trata de turistas que vienen a pasar unos días para disfrutar de nuestras hermosas playas sin más. Pero no, la realidad es mucho más cruda, se trata de grupos organizados, a veces clanes familiares de procedencia de los países del Este, que huyendo de las miserias en que los dejaron los conflictos bélicos y en tránsito por toda Europa aparecen en nuestro país en esta época y con el pretexto aparentemente legítimo de “buscarse la vida”, violan los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos y ponen en riesgo proyectos de vida e incluso vidas de los mismos, conocedores de las deficiencias en las garantías jurídicas de los ciudadanos de este país y conocedores también de las nulas consecuencias de sus actos delictivos.
Me refiero a la ocupación de viviendas y posterior desvalijamiento de las mismas y las de su entorno como despedida y cierre de temporada. Basta recordar el caso acaecido en 2009 en la Avda. Bellamar, de nuestra ciudad, donde una pareja que tras adquirir una vivienda decidieron celebrarlo disfrutando unas pequeñas vacaciones y al volver a su nuevo hogar se lo encuentran lleno de gente que dicen ser propietarios de la misma en un proceso que recuerda un acto de colonización. La resolución tardó meses, aunque pudo haber durado años, pues los ocupantes ya se habían empadronado en ese domicilio.
La terrible dicotomía que se produce en nuestro país al confundir el fenómeno “okupa” con los delitos tipificados en el Código Penal de allanamiento de morada y de usurpación, que sumado al colapso de los juzgados y la dispersa interpretación de algunos jueces del Art. 47 de la Constitución, ralentizan los procedimientos de desalojo, es decir, un asunto que debiera estar resuelto en horas puede tardar años.
Es por ello, que insto a los poderes públicos municipales, como legítimos protectores de la ocupación del suelo en su ámbito, a que tomen las medidas necesarias de vigilancia y control de esos presuntos turistas que no lo son, y que se eviten en el futuro situaciones como la descrita, que no es un caso aislado como se sabe, y que generan en la población una sensación de indefensión y de desprotección del derecho a la propiedad privada recogido en el Art. 33 de la Constitución.
Y por último, solicito la colaboración ciudadana en esta materia ya que somos todos y cada uno de los ciudadanos los que dan sentido al ente municipal, y no hay mayor poder que la soberanía popular en defensa de los intereses comunes. Por eso ante cualquier sospecha de intento allanamientos de morada o usurpación, no duden en ponerlo en conocimiento de las autoridades para paliar en lo posible este amenazante fenómeno de nuestros tiempos.
—————